EL DRAMA DE LOS INOCENTES

     Ese 27 de noviembre de 1871, ocho estudiantes del primer año de la carrera de Medicina fueron ejecutados en La Habana como resultado de las presiones ejercidas por el Cuerpo de Voluntarios del ejército español. Los ajusticiados fueron escogidos dentro de un grupo de jóvenes que habían sido confinados en la Real Cárcel de La Habana, el 25 de noviembre, acusados de profanación por haber rayado el cristal de la tumba del periodista integrista Gonzalo Castañón en el cementerio Espada.

     Uno de los historiadores que más profundizó en las circunstancias que propiciaron esa actuación ominosa del régimen colonial español fue Luis Felipe Leroy y Gálvez. En su libro A cien años del 71. El fusilamiento de los estudiantes (Editorial Ciencias Sociales, 1971), analiza el contexto histórico y las razones sociopolíticas que condujeron al atroz ajusticiamiento de los ocho inocentes. Leroy y Gálvez refiere que existen varias versiones sobre el primer veredicto dictado por el Consejo de guerra que juzgó a los jóvenes, pero que ese resultado carece por completo de trascendencia histórica, por el hecho de haber quedado anulado con el establecimiento de un segundo Consejo, “ilegal en su constitución, y el cual, en definitiva, fue el que dictó la sentencia que se llevó a cabo. Y en esto, precisamente, consiste la monstruosidad del crimen cometido”.^[2]

     En ausencia de los autos de esos dos Consejos de guerra, tras un análisis historiográfico de todas las fuentes primarias, Leroy y Gálvez conjetura el esquema seguido para arrojar sentencia y la manera de ejecutarla. El método realizado fue de quintar —o sea, sacar por suerte uno de cada cinco— de los 43 alumnos todavía encarcelados, ya que dos habían sido liberados previamente. De esa manera quedó establecido que serían ocho los que debían sufrir la pena capital, aunque sin todavía precisar quiénes serían. En tanto, cuatro estudiantes fueron condenados solamente a seis meses de reclusión carcelaria: dos peninsulares y dos nativos de Cuba. De los 39 que entonces quedaron, se procedió a seleccionar a quienes debían morir, priorizando aquellos que, de una forma u otra, habían tenido participación en los sucesos del cementerio. Fueron escogidos de inmediato Anacleto Bermúdez, José de Marcos y Medina, Ángel Laborde y Juan Pascual Rodríguez, quienes habían jugado con el carro de los muertos a la entrada del camposanto. También Alonso Álvarez de la Campa, de 16 años, quien había cogido una flor del pequeño jardín situado frente a las oficinas del mismo. Los tres estudiantes que faltaban para el cómputo de ocho fueron seleccionados al azar entre quienes quedaban, ya sea por sorteo o por rifa.

     Uno de los que salió a la suerte, Carlos Verdugo y Martínez, de 17 años, no pudo haber tomado parte en aquellos sucesos del cementerio, porque ese día se hallaba con sus padres en Matanzas. Sin embargo, fue fusilado junto con los demás.^[3] Los treinta y un alumnos exentos de la pena capital fueron condenados a presidio. Los que en su matrícula universitaria aparecían con veinte años de edad o más, fueron condenados a seis años. Eran once. Los que aparecían en dicho documento universitario con menos de veinte años, aunque realmente tuviesen más edad, fueron condenados a cuatro. Estos últimos sumaron veinte en total.

     Las verdaderas causas por las cuales esos jóvenes fueron acusados y condenados no se encuentran en el delito de profanación de tumbas, por el que fueron juzgados durante el primer Consejo, y mucho menos el de infidencia, por el que finalmente los condenó el segundo Consejo. Fue determinante la situación política que vivía Cuba en aquel momento, y el importante papel que desempeñaban los jóvenes universitarios cubanos dentro del movimiento insurreccional que, desde 1868, se encontraba en pie de lucha en el Oriente del país.