La sombra alargada de Ignacio Agramonte se proyecta desde aquel 8 de junio de 1865 cuando defendió la alianza sagrada entre orden y libertad. Es un eco inquieto que golpea los muros del presente cubano. El Derecho es «ars boni et aequi» a decir de Celso, el arte de lo justo y lo equitativo; donde la oportuna traducción ha querido entender justo por bueno, homologando en consecuencia justicia y bondad. Pero en esta nación caribeña, ese arte no se aprende en el Gorgias o la República platónica, tampoco en la Nicomaquea aristotélica; respira en nuestra propia «tria corda». El verbo encendido de Varela, la prosa profética de Martí y la advertencia lúcida del propio Agramonte. Tres pilares de una virtud nacional que hoy clama por realizarse.
¿Qué es el Estado de Derecho sino el sueño de que la ley –legítima, justa– sea el único soberano? Varela lo dijo con luz diáfana: «El hombre libre que vive en una sociedad justa, no obedece sino a la ley; mandarle invocando otro nombre, es valerse de uno de los muchos prestigios de la tiranía…». Es la ley como escudo contra la arbitrariedad, ese fantasma que acecha cuando el poder se viste de discrecionalidad y opacidad, cuando se incumplen contratos por empresas públicas, cuando se interpreta acomodaticiamente un precepto constitucional, cuando la auctoritas deviene potestas sin mediación racional. Y en este punto, la advertencia de Agramonte resuena con estremecimiento: «el Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza…». ¿No es acaso la hipercentralización, la «intervención dirigida a uniformarla», un pulso que sofoca la savia vital del «bienestar presente y futuro» de la sociedad? Bien decía Varela: «las propiedades individuales, la libertad personal, los intereses domésticos… no están bajo el imperio de la nación; atacarlos… es oprimir a los pueblos».
Mas, no basta que exista ley para que se desarrolle el Estado de Derecho, pues un legislador desatinado puede ser tan ilegítimo como cualquier Pisístrato, de esos tantos que surcan la historia. Martí, nuestro poeta del Derecho vivo, lo entiende bien y añade su estrofa esencial: «En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular». La oscuridad normativa, el laberinto jurídico, el guardián kafkiano son la alfombra del despotismo. Aunque el Apóstol va más hondo, al núcleo ontológico: «Existe en el hombre la fuerza de lo justo, y éste es el primer estado del Derecho». Esta «dynamis dikaiosyne», este anhelo de equilibrio inscrito en el alma humana, choca contra sistemas donde «domina la fuerza [y se] crean derechos que carecen totalmente de justicia». Entonces, surge el «ser vivo humano que tiende fatal y constantemente a la independencia», tejiendo en su rebeldía «derechos de reconquista», una jurisprudencia de resistencia, una «justicia de aplicación y relación» que busca grietas en el muro.
Martí señala a la racionalidad y coherencia como antídotos: «los derechos justos pedidos inteligentemente tendrán sin necesidad de violencia, que vencer», mediante «el perfeccionamiento de la educación, y la defensa ardiente de los derechos ennoblecedores y vitales… envueltos en el nombre general de libertad». Sabe que no es paz la quietud y silencio, que no es la inercia que brota del conformismo o la tranquilidad de las sociedades muertas; entiende que la paz auténtica es la que nace de «su condición única… que es aquella que no haya un solo derecho mermado». Porque renunciar a ejercer nuestra dignidad es abdicar de la propia humanidad: «Ni de las riendas de su caballo debe desasirse el buen jinete; ni de sus derechos el hombre libre… es muy brillante, muy animado, muy vigorizador, muy ennoblecedor el ejercicio de sí propio».
En la Cuba del ahora, la celebración del jurista no puede eludir el examen crítico de estas herencias. ¿Florece verdaderamente el arte de lo justo? ¿Se respeta aquel mínimo ético vareliano como piedra angular? ¿Es la ley el único soberano, o cede ante otros prestigios? ¿Se fomenta o se teme el «ejercicio de sí propio» martiano? La sombra de la hipercentralización agramontina y la creación de «derechos que carecen totalmente de justicia» denunciada por Martí, pueden generar rigideces institucionales y sociales que dificultan el «franco desarrollo de la acción individual» y el «desenvolvimiento progresivo» de la sociedad. La claridad y popularidad del Derecho, su accesibilidad y apego irrestricto a la dignidad humana, siguen siendo metas, no realidades plenamente alcanzadas. La «justicia de aplicación y relación» se debate a menudo en los intersticios de un sistema donde la fuerza de lo justo lucha por abrirse paso frente a estructuras que, en ocasiones, parecen privilegiar más a la inercia o el control.
Honrar al jurista en este junio es, pues, más que conmemorar. Es invocar el diálogo eterno de estos gigantes para interrogar, con valentía y lucidez, el edificio jurídico del hoy. Es exigir, con la inteligencia serena de Martí y la integridad indómita de Varela, que el «ars boni et aequi» sea pulso vivo de la Nación. Que el Estado de Derecho sea, por fin, el imperio de la ley justa, popular y clara, respetuosa hasta la médula de la dignidad ontológica, ese mínimo ético irrenunciable. Que la centralización no ahogue la iniciativa, sino que canalice la fuerza creadora del individuo libre. Que la legalidad sea una exigencia para todos, pero en especial para los órganos y empresas públicas. Solo así, cuando la ley sea verdaderamente soberana y el ejercicio de los derechos un acto cotidiano de nobleza, el arte de lo justo bueno dejará de ser una promesa suspendida para encarnarse en el aire vibrante de la Patria. El jinete, entonces, podrá asir firmemente las riendas de su destino, pues la fuerza de lo justo, latente, aguarda su plenitud.
